El administrador de la DEA, Terrance C. Cole, solicitó formalmente a la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia una revisión independiente sobre las acciones de la agencia en torno a las allegations del agente especial David M. Howell.

Según el agente denunciante, la táctica fue empleada entre 2023 y 2025 en Nuevo México, estado fronterizo con México. El operativo permitía la libre venta de fentanilo para rastrear las cadenas de fabricación y distribución de la droga.

"Los agentes de la DEA se enfrentan a organizaciones criminales extraordinariamente peligrosas cada día, a menudo tomando difíciles decisiones operativas", señaló Cole, quien defendió que estas acciones "merecen una evaluación objetiva".

El año pasado, el presidente Donald Trump declaró al fentanilo como un "arma de destrucción masiva" para dar más poder a las agencias policiales.

Este tipo de operativos que permiten actos delictivos de forma voluntaria han provocado regularmente escándalos en Estados Unidos. Entre 2006 y 2011, la ATF lanzó la operación "Fast and Furious" que permitió el contrabando de armas entre Arizona y México para rastrear compradores, sin conocimiento del gobierno mexicano. El entonces Fiscal General Eric Holder fue juzgado en desacato por el Congreso en 2012.