Por Kennia Velázquez, Mónica Cerbón y Arnoldo Cuéllar*

jueves, 4 de junio de 2026 · 15:00

En la última década gobiernos estatales y municipales han invertido miles de millones de pesos en sistemas de videovigilancia como una de sus principales respuestas frente a la violencia. La promesa es que estas tecnologías permitirían prevenir delitos y fortalecer las investigaciones criminales. Sin embargo, pese a la inversión sostenida en estos sistemas, los resultados no se han traducido en mejoras consistentes en seguridad ni en una reducción de la violencia.

En México esta apuesta tecnológica ha crecido en paralelo a uno de los periodos más violentos de su historia reciente. Desde 2006, con el inicio de la estrategia federal contra el narcotráfico, los homicidios pasaron de cerca de 10 mil casos anuales a un máximo superior a 36 mil en 2020. Aunque en 2023 se registró una ligera disminución, el país se mantiene entre los más violentos del mundo fuera de contextos de guerra declarada.

Para esta investigación, se analizaron los 19 estados donde opera el grupo Seguritech Privada. En estas entidades se concentraban 67 mil de las 91 mil cámaras instaladas en el país hasta 2024. En 15 de esos 19 estados los homicidios aumentaron entre 2012 —año en que comenzaron los primeros contratos con el grupo— y 2024, de acuerdo con datos del INEGI. Los casos más extremos son Guanajuato, con un incremento de 490%, y Quintana Roo y Baja California, con aumentos superiores a 320%; sólo cuatro entidades registraron una reducción: Coahuila, Durango, Chihuahua y Ciudad de México. Estos datos muestran que la inversión sostenida en estos sistemas no se tradujo en una mejora consistente en seguridad en la mayoría de los estados analizados.

Este grupo empresarial ha sido contratado por 37 gobiernos estatales y municipales por más de 52 mil millones de pesos desde 2012 para la instalación, operación y mantenimiento de cámaras, centros de control y plataformas de análisis de datos. En Querétaro los pagos al grupo representaron 86% del presupuesto estatal de seguridad pública durante el periodo analizado. El peso de estos contratos es especialmente visible en municipios pequeños.

En ciudades de Guanajuato la proporción es aún más extrema: Salvatierra destinó 65% de su presupuesto de seguridad a contratos con Seguritech; Valle de Santiago, 78%; Purísima del Rincón y Jaral del Progreso, más de 54 por ciento.